La entidad tiene un débil instituto que presume de sus alcances por el universo de sujetos obligados que deben someterse a sus facultades, pero que en la praxis solapa la opacidad entre servidores públicos que mantienen resistencia al principio constitucional de “máxima publicidad”.
Por Israel Roldán
La transparencia y el derecho a la información pública en Veracruz son aún incipientes como insuficientes los intentos por acabar con la opacidad gubernamental del órgano corresponsable con el acceso ciudadano.
En esa entidad estas garantías -que debieran ser inalienables- ‘nacieron torcidas’ desde su primera legislación.
En el último año de su sexenio, el entonces gobernador Miguel Alemán Velazco emitió en junio de 2004 el decreto de la Ley de Acceso a la Información de Veracruz. Entró en vigor seis meses después pero jamás se llevó a la praxis.
Ese año los indicadores en materia de regulación del derecho a la información ubicaban a ese estado en el último lugar entre las 27 entidades que habían promulgado su ley referente a la transparencia pública.
Y luego, el letargo; 26 meses tuvieron que pasar para que el gobernador en turno, Fidel Herrera Beltrán, la derogara y el 27 de febrero de 2007 se publicara en la Gaceta Oficial del Estado la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Veracruz (http://bit.ly/bu2eCA).
Se constituyó entonces el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Pareciera que ese esfuerzo legislativo llevaría ipso facto a la reducción en la opacidad gubernamental pero no fue así.
Condujo a la creación de un organismo público autónomo que ejerce anualmente 25 millones 800 mil pesos asignados por el Poder Ejecutivo estatal, presupuesto que se ha incrementado apenas 1.8 millones en los últimos tres años.
Si acaso ahora se tiene un instituto que presume de sus alcances en cuanto a los entes gubernamentales que deben cumplir con las disposiciones de esa ley.
En Veracruz son sujetos obligados los tres poderes, ayuntamientos, entidades paramunicipales y organismos autónomos del estado; los partidos, agrupaciones y asociaciones políticas; además de las organizaciones civiles constituidas que reciben recursos públicos.
Y justamente por ese universo es que el supuesto órgano garante no logra consolidarse pese a que aún en 2008 se reformó la ley para dotarlo “de mayores herramientas legales que le permitieran garantizar y tutelar” el derecho a la información.
Ni la adopción de INFOMEX-Veracruz ha terminado con la opacidad oficial: de los 302 sujetos obligados (http://bit.ly/aHjz2m) solamente 228 se someten a la consulta ciudadana en forma electrónica por el precepto legal que exime a los ayuntamientos con población menor a los 70 mil habitantes a hacerlo. De los 212 que conforman la entidad, sólo 128 transparentan su información a través de ese sistema.
Una y otra vez, particularmente las autoridades municipales, desacatan las peticiones ciudadanas e inclusive los ordenamientos del IVAI.
El alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, por ejemplo, tiene al momento siete recursos de revisión en el pleno del Consejo General por desatender las solicitudes. Esconde hasta el monto de su salario y el número de empleados en su gobierno.
Las disputas partidistas también le provocan vacíos a ese instituto. Desde que se constituyó fue conducido dos años por el panista Álvaro de Gasperín Sampieri, que solapó la opacidad.
En todo el 2009 el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información aplicó una sola sanción al municipio de Platón Sánchez con 50 días de salario mínimo por incumplir la entrega de información a un particular, de acuerdo con la ahora consejera presidenta de ese órgano, Luz del Carmen Martí Capitanachi.
En esas condiciones ¿cómo exigir transparencia y acceso a la información a los sujetos obligados si ante su negativa se tiene un organismo ‘recién nacido’ y debilitado por su desempeño?
Justamente la operatividad del instituto permite inferir que simula la tutela y regulación de la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental.
Intenta convenirse como el órgano que vigila a los sujetos obligados para que se conduzcan como en ‘caja de cristal’ sin que la ley tenga reales alcances para sancionar a los incumplidos con ese precepto.
Cómo someterlos si no goza de cabal autonomía. Sus consejeros son electos por el Poder Legislativo local no a propuesta de instituciones públicas o privadas sino a modo del Ejecutivo.
Sólo así se entiende la designación del consejero José Luis Bueno Bello en julio del año pasado, quien se desempeñaba dentro de la estructura de un organismo público descentralizado del gobierno estatal.
En esa entidad, por la debilidad de su órgano de transparencia, se evoca al acceso a la información más como un derecho que está de moda en la esfera pública nacional que a una verdadera herramienta jurídica.
Cuando los mismos consejeros del IVAI niegan las debilidades normativas de la ley, abonan a la opacidad en las instituciones; no asientan la cultura de la transparencia entre servidores públicos que mantienen resistencia a someterse al principio constitucional de “máxima publicidad”.
Israel Roldán es periodista; israelroldan1@hotmail.com
¿Le crees al spot del IVAI?
