Por Israel Roldán
El estado de Veracruz es el segundo a nivel nacional con el mayor número de agresiones a periodistas registradas durante 2009 por organismos internacionales, superado sólo por Oaxaca.
Desde el 2006 en esa entidad se creó una instancia especial para atender las violaciones al derecho a la libertad de expresión.
Apenas en febrero de este año, Article 19 Oficina para México y Centroamérica y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) dieron a conocer el “Informe 2009. Entre la Violencia y la Indiferencia”, que da cuenta de 244 agresiones a la libertad de expresión (todas confirmadas) en el marco de la práctica periodística.
El análisis de las cifras revela un incremento de este tipo de hechos violentos respecto a años anteriores, además de la degradación en las condiciones para el ejercicio profesional en varios estados del país. “Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se registraron 25 homicidios de periodistas, mientras que sólo en los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2009) se han registrado 22”, cita el informe de Article 19.
El año pasado se contabilizaron 11 asesinatos de comunicadores en México: tres en Durango y dos en Guerrero, en tanto que en Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz (Luis Daniel Méndez Hernández, el 22 de febrero, que cubría la fuente general en La Poderosa) uno en cada estado.
En la entidad veracruzana, según el documento “El ombudsman del periodista” (http://bit.ly/9FXPKG), desde hace 20 años se pugnó, en forma reiterada, por todas las organizaciones y colegios de periodistas para “la creación de un organismo que se dedique a su protección jurídica y que conlleve al logro del respeto absoluto de la libertad de informar (…)”.
Por esa interpelación, parece que después de tanto tiempo los esfuerzos lograron su causa. Desde el tres de mayo de 2006 el gobierno del priista Fidel Herrera Beltrán decretó la creación de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, un organismo público descentralizado (dependiente de la Secretaría de Gobierno estatal), única en su tipo de todo el país.
Y es que -según la Gaceta Oficial del Estado número 102 (http://bit.ly/9W5WG9)- en la administración estatal se “tiene un especial aprecio y respeto por los medios de comunicación como expresión social que significa una delicada e importante tarea, por los intereses que puede tocar al ejercer en público los derechos constitucionales de expresión e información”.
Bajo esta premisa, ¿cómo entender que de las 28 agresiones a periodistas en Veracruz documentadas el año pasado, 19 hayan sido cometidas presumiblemente por funcionarios públicos?
Además del homicidio de Luis Daniel Méndez Hernández (aún no esclarecido), entre los agravios en ese estado se anotó la detención arbitraria del periodista Simón Tiburcio Chávez, retenido, incomunicado durante 20 horas y acusado posteriormente de los delitos de difamación y calumnia, como parte de acciones intimidatorias para castigar la publicación de una caricatura del presidente municipal de Alvarado (sitio enclavado en la región del Papaloapan) difundida en el diario Nuevo Amanecer.
En esas condiciones, ¿cuál es, entonces, la actuación de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas?
Que Veracruz sea la segunda entidad del país con más agravios a comunicadores en 2009 permite inferir que su operatividad, al menos, es limitada.
No es una fiscalía de la Procuraduría General de Justicia estatal; es únicamente un organismo institucional representante de periodistas.
Su labor se reduce a vigilar la acción y omisión del sistema judicial de Veracruz en las agresiones a integrantes del gremio.
Es una instancia que por ser un organismo público descentralizado (sectorizado a una dependencia del propio gobierno local) se rige por las disposiciones de las autoridades estatales.
Se trata pues de un organismo que simula la protección al periodista. Y cómo no hacerlo cuando su dependencia presupuestal está supeditada al Poder Ejecutivo del estado, con todo y que para el ejercicio fiscal de este año sufrió un recorte del 60 por ciento, ya que de los 3 millones 200 mil pesos asignados en 2009, ahora sólo ejerce 1 millón 500 mil pesos.
O cuando el personal de esa comisión está integrado por trabajadores adscritos por el propio gobierno y los ayuntamientos.
También porque está conformada por dos órganos de gobierno rectores: una dirección general y la Junta de Gobierno, integrada por 10 miembros (cinco representantes del estado; un ex director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana; un “columnista distinguido” de un periódico de la entidad; un representante de los medios radiofónicos y otro más de televisión, todos designados por el gobernador).
En las sesiones de la Junta de Gobierno el director general de la comisión especial participa con voz, pero sin voto. Es más, tan débil es su figura dentro del organismo que es nombrado y removido por el titular del Ejecutivo.
Quien preside el principal órgano rector de esa instancia es el secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, un personaje que ha ocupado diversos cargos de elección popular por el PRD, Convergencia y PRI.
El funcionario estatal ahora mantiene dos denuncias ante el Ministerio Público por el delito de difamación en contra de dos periodistas locales. Siendo alcalde de Xalapa (2000-2004) interpuso también una querella contra un reportero y un caricaturista. En su cuatrienio agredió además, verbalmente, al director del periódico Marcha, Saúl Contreras Beltrán, al término de una reunión de gabinete en Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, sede de los poderes del estado.
Por eso en Veracruz hay una política de simulación sobre protección para el ejercicio periodístico. Como conduce el reporte “Informe 2009. Entre la Violencia y la Indiferencia”, haber creado esa instancia en 2006 “no ha evitado que Veracruz se encuentre en los primeros lugares de mayor número de agresiones”.
“(…) tampoco de la resistencia que aún impera en los círculos de gobierno para garantizar y respetar el ejercicio del periodismo crítico y sobre asuntos de interés público”.
Y para dejarlo más claro, en las leyes veracruzanas (como en otros 16 estados del país) siguen sin revocarse los delitos de difamación, injuria y calumnia, límites para la libertad de expresión.
Israel Roldán, periodista. israelroldan1@hotmail.com
(Este texto se publicó originalmente en el portal de noticias www.ejecentral.com.mx el 5 de marzo de 2010)
Graban agresión a reportero de Veracruz(Este texto se publicó originalmente en el portal de noticias www.ejecentral.com.mx el 5 de marzo de 2010)
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